Los titulares de artículos de opinión en distintos medios de comunicación, desde primeros de noviembre, abundan en las reflexiones, análisis y propuestas sobre el tema de las pensiones. Ya nadie pone en duda que, el sistema español de pensiones tiene graves problemas de supervivencia. Esa pretendida reforma de las pensiones es inútil e injusta para curar un mal profundo y aplicada además en donde no se debe (en el gasto), siendo evidente que a corto, medio y largo plazo el problema es de ingresos. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), organismo de Hacienda, a primeros de noviembre del año 2015, ha puesto en números lo que ya es un lugar común entre los expertos en Seguridad Social: los ingresos no crecen con el suficiente ritmo para financiar las prestaciones. La autoridad fiscal descarta que entre 2015 y 2018 el objetivo de recaudación fijado se vaya a conseguir. Si para el año 2015 estaba previsto ingresar 109.833 millones, solo se ingrsaron algo más de 90.000 millones; por lo tanto es imposible confiar en la cifra para 2016, evaluada en 117.242 millones, puesto que los ingresos están creciendo a un ritmo de una sexta parte de los previsto. El objetivo de equilibrio presupuestario de la Seguridad Social en 2019 es, según estos resultados,  una autentica quimera.

La explicación de lo inmediato anterior es la resultante de los desfasados presupuestos de 2015 y 2016 en los que -quizás por cercanía electoral optó por colgarse medallas, ocultando la cruda realidad- ignorando que la progresiva recuperación del empleo ha supuesto, solo de forma muy limitada una mejora de las cotizaciones, que se han visto lastradas por el proceso de devaluación interna y por el recurso a la reducción de cuotas como medida de fomento del empleo. En todo caso, su proyección de ingresos más realista, permite a la AIREF anticipar la más que probable persistencia de un desequilibrio en las cuentas de la Seguridad Social, como mínimo, hasta 2021.

Hay otros dos aspectos que la AIREF reconoce implícitamente. Por una parte, la última reforma de las pensiones, Ley 27/2011, que entró en vigor a primeros de enero de 2013, consigue garantizar la sostenibilidad del sistema, pero lo hace de una manera ineficiente e injusta, al recaer todo el coste en la congelación de las pensiones. En cuanto el Banco Central Europeo del Sr. Draghi  consiga su objetivo de inflación del 2%, las pensiones perderán un 1,75% de poder adquisitivo cada año.. Por otra, ante esta perspectiva de evolución financiera del sistema, es previsible que en un futuro muy cercano, 2017 ó 2018, el Fondo de Reserva, con el que se ha cuadrado el presupuesto en los últimos años, se agote.

De los comentado anteriormente  se pone da manifiesto que la Reforma de las Pensiones de 2013 no fue, en absoluto una modificación insustancial. La sustitución del mecanismo de revalorización que garantizaba el poder adquisitivo de las pensiones por una nueva fórmula, que persigue la preservación de la estabilidad  presupuestaria a costa del nivel de vida de los pensionistas, constituye un cambio mayúsculo que implica, en el corto plazo, la congelación de las pensiones que pronostica la AIREF. Pero el problema de la aplicación del nuevo índice es aun más grave, pues esa congelación no va a circunscribirse a este periodo. Debemos tener muy en cuenta el incremento de pensionistas por la jubilación de la generación del baby boom– una de las variables que integran la novedosa fórmula – va a intensificarse  de  manera significativa en los próximos años haciendo inviables, de mantenerse ese mecanismo, las revalorizaciones anuales de las pensiones en el largo plazo, un aspecto esencial del derecho de los pensionistas.

       Buena prueba  de la trascendencia de ese cambio normativo es que su aplicación – junto a la del factor de sostenibilidad a partir de 2019 – ha de implicar un recorte del gasto en pensiones de 3,4 puntos porcentuales del PIB en 2050, tal como reconocen el propio Gobierno del PP y la Comisión Europea. Es decir que entonces dedicaremos al pago de las pensiones aproximadamente lo mismo que hoy, pese a que el número de jubilados se habrá casi duplicado. Lo que necesariamente supone que las pensiones futuras serán muchos más bajas que las actuales. De manera que, la suficiencia de las pensiones que exige nuestra Constitución, quedaría en entredicho.

       En atención a todo lo anterior, la rectificación se hace imprescindible. Conviene recordar, que cuando se plantea reformar el sistema de pensiones, el Pacto de Toledo surgió con la finalidad de alcanzar acuerdos políticos y sociales que den estabilidad al sistema, pactando las modificaciones que deban realizarse a lo largo del tiempo para evitar el riesgo de “Penélope”,”tejer y destejer” y de que se produzcan contradicciones entre las decisiones de los distintos Gobiernos. Siendo, sin duda, el marco adecuado para estudiar y acordar, en su caso, la oportunidad y contenido del llamado “Factor de sostenibilidad”. Se trata de recuperar la garantía del poder adquisitivo, tanto de las pensiones futuras, como las actuales. Se trata de recuperar las señas de identidad del sistema de pensiones. Cualquier solución que quiera evitar la reducción de las pensiones a rentas de indigencia, exige ampliar las fuentes de financiación del sistema. Quizás cabría, para este fin, crear un recurso fiscal específico para la financiación de las pensiones, inspirado en experiencias  consolidadas del entorno europeo más cercano.

Su aplicación, progresiva en el tiempo, permitiría hacer frente al desfase coyuntural que ahora sufre la Seguridad Social y, más allá, blindar el sistema público de pensiones como pieza central de nuestro Estado social. En una cuestión tan fundamental para la sociedad, nuestros representantes deben mostrar su sentido de Estado. Por delante de sus partidos, los ciudadanos. Expliquen a la ciudadanía la realidad del envejecimiento, trabajen juntos para conseguir  un sistema de pensiones sostenible para las futuras generaciones. Se lo debemos a nuestros hijos, que ya han sufrido la peor parte de esta maldita crisis. Nos enfrentamos a un reto demográfico.

jffernandez_29@yahoo.es

Ante pensiones deficitarias

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