En el último artículo de fecha 2 de febrero, hacíamos una serie de reflexiones sobre los datos de la publicación, por parte de Transparencia Internacional, del informe: Indice de percepción de la corrupción 2.016. Cuando ya se han cumplido tres años de la entrada en vigor de la Ley y, prácticamente en el inicio de la legislatura; la presidenta del Consejo de la Transparencia, Esther Arizmendi, es consciente de que nos encontramos ante el pulso final contra la opacidad de la Administración y pide acelerar con paso firme: ”Hay que poner la transparencia 2.0 en marcha”. También le consta la debilidad del sistema de transparencia que tenemos, demostrada en la inexistencia de un régimen de sanciones digno de tal nombre. Careciendo el Consejo de facultades reales de sanción e inspección para velar por el cumplimiento de la Ley.
Sin embargo y a pesar de las debilidades evidentes del Consejo, la Ley de Transparencia permite conocer los gastos de las embajadas en el exterior o los fondos recibidos por la Iglesia católica. Para el recién iniciado 2017 se pretende que se pueda consultar los órdenes del día de las reuniones del Consejo de Ministros, ver los asuntos que tratan; teniendo que dar los Altos Cargos cuenta pública de con quién, cuándo y para qué se reúnen. Quedando fiscalizado el trabajo de los “lobbystas”, “despejando las nieblas” sobre los círculos de poder que pretenden influir sobre las decisiones de la Administración.
Referente al tema “lobby”, hemos de saber que el Congreso debatirá en febrero una regulación con el fin de normalizar la actuación de los grupos de interés. En España tenemos varios centenares de agencias de “lobby” que carecen de regulación, participando en la elaboración de leyes, aprobación de decretos, e incluso disposiciones judiciales. El grupo parlamentario de Ciudadanos presentó una Proposición de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes. El texto se presentó en septiembre siendo calificado por la Mesa del Congreso. Se pretende que, a lo largo de 2017, puede quedar aprobado el proyecto de Ley. En él se propone la creación de un único registro en el Parlamento donde los lobbystas se tendrán que dar de alta, declarando anualmente sus actividades. Además se incluye un código ético sobre las condiciones de actuación de éstos grupos de presión. Registro que sustituirá a los que actualmente están operativos. Transparencia Internacional hizo público un informe en el año 2013,- cuando se aprobó la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública Buen Gobierno, la última oportunidad perdida para regular los “lobby”– en el que señalaba: ”cuando el lobby es realizado con integridad y transparencia, es una fuente legítima de influencia para los grupos de interés que están afectados por decisiones públicas; surge el problema cuando el ejercicio de “lobby” es opaco y no está regulado”.
Cuando estamos en estas, con el Consejo de la Transparencia atendiendo reclamaciones presentadas ante este organismo, con un incremento en 2016 del 153% con respecto a 2015 que fueron 517 y, que alcanzaban en noviembre pasado las 1306 reclamaciones. Planteando al Gobierno de España cambios precisos para ser más eficiente. Es necesario facilitar el uso del portal, sin que sea preciso tener firma digital para presentar una solicitud telemática. Urge que el Consejo disponga de las competencias en inspección control y sanción. Así como incrementar plantilla y modificar su estatuto.
Siendo España el último gran país europeo en aprobar esta normativa, aún muy lejos de los estándares del resto de la UE. Nos aparece en el Proyecto de Ley de Contratación Pública, que las empresas Públicas tendrán menos controles para contratar, permitiendo el Gobierno en el Proyecto de Ley antes mencionado, que los entes públicos tengan más libertad para hacer modificados. Estamos ante una verdadera “tela de Penélope”. El gobierno de España, tenía desde el año 2015 la trasposición de la Directiva europea que acababa con los procedimientos negociados sin publicidad. Una vía de contratación de la que se abusa en las Administraciones por pura comodidad, pero que trama corruptas como la Gürtel, aprovechaban para trocear contratos y burlar controles. Sin embargo en la última versión de la Ley, el Gobierno ha abierto una vía de escape a los controles, esta vez relajando el régimen de contratación de las empresas Públicas.
La nueva redacción establece un régimen distinto para las Administraciones y otro para los entes considerados no administración. Texto que posibilita que se disponga de mayor libertad para hacer modificados. Desde que se aprobó la Ley de Economía Sostenible, se obliga por exigencias europeas a que las empresas públicas se sometan a las mismas reglas en los modificados que el conjunto de las Administraciones. Pero ahora el texto legal también cambia eso. Por tanto se crea otro incentivo para que la Administración recurra a las empresas Públicas a la hora de adjudicar, entrañando un serio riesgo de sobrecostes; la práctica por la que las empresas tiran a la baja en la puja, para después inflar los costes. Tramas como Acuamed se basaban en la obtención de más ingresos por sobrecostes en los modificados.
Transparencia Internacional y el Observatorio de la Contratación Pública se hicieron ecos de estos fallos y han elaborado propuestas para corregirlos. También la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia detectó problemas de carteles y corrupción vinculados a la contratación Pública. El catedrático de Derecho Administrativo de la Pompeu Fabra, Andrés Betancor explica: ”No es tanto un problema de probidad como de competencia. Regulamos como si todos fuésemos corruptos hasta el punto de crear una gran burocracia que desincentiva la competencia, generando costosas ineficiencias. Sólo los ya instalados puede soportar tanta regulación. Y al final lo único que puede engrasar la burocracia son las mordidas”.
El presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz razona: “Solamente si existe libertad de expresión, transparencia en todos los procesos políticos e instituciones democráticas sólidas, la sociedad civil y los medios de comunicación podrán exigir que quienes están en el poder rindan cuenta por sus actos y será posible combatir con éxito la corrupción.
