Gustan los podemitas de llamar Régimen del 78 al Estado surgido tras la Constitución de ese mismo año en su intento de devaluar al Estado democrático haciéndolo heredero y copia del Régimen dictatorial precedente. La Constitución proclama que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho y que la forma política del estado es la Monarquía parlamentaria. En nada se parece al anterior régimen y sí mucho a otros anteriores a ese que fracasaron estrepitosamente.
Cosa distinta es que el nuevo Estado en su creación heredara complejos y miedos de quienes le dieron forma y naciera disminuido y con numerosos defectos físicos, que con el tiempo han ido acrecentándose hasta el punto de haber provocado la posible mutilación del mismo. Ya comenzó haciendo concesiones a las llamadas “Comunidades históricas” cuya razón de ser no era otra que el haber conseguido unos estatutos de autonomía durante la segunda República y de las que el profesor Jiménez de Parga luego Presidente del Tribunal Constitucional dijera aquello de que “en el año 1000 en Andalucía, en Granada, existían fuentes y manantiales mientras que en las tres autonomías «históricas» (Cataluña, Galicia y Euskadi) no se lavaban ni los fines de semana”.
La Constitución favoreció al nacionalismo vasco regalándole el derecho de anexionarse Navarra, a lo cual respondieron no votándola. A vascos y navarros se les mantuvieron privilegios del antiguo régimen a pesar de que en el Artº. 138.2 dice que «Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales». Favoreció igualmente una fragmentación atípica rompiendo los moldes utilizados para la antigua división territorial y de ahí surgieron Comunidades Autónomas uniprovinciales y ciudades autónomas, innecesarias todas y consecuencia de que el caciquismo provinciano aprovechó para pescar en rio revuelto.
La Ley electoral española puede considerarse como la más injusta de sus homólogas en países democráticos, donde un escaño por Madrid cuesta en votos diez veces lo que otro en Soria o que un puñado de votos nacionalistas obtengan más representación que otros de implantación nacional con dobles o triples resultados. Al bipartidismo reinante durante casi cuarenta años le ha venido bien el sistema y en los momentos de apuros ha echado mano de los nacionalistas con el mercadeo y resultados ya conocidos, de tal forma que la corrupción del sistema y de las personas se ha ido extendiendo como la pólvora, a nivel estatal y regional, con el consiguiente escándalo y pérdida de confianza de los ciudadanos.
La transferencia de competencias a las CCAA ha adelgazado tanto al Estado que en alguna de ellas la presencia del mismo es imperceptible. Materias tan importantes como educación, sanidad , justicia y policía jamás debieron ser transferidas a los reinos de taifas, que se han convertido en mini estados en los que incumplir las leyes estatales sale barato y donde proliferan legislaciones tan dispares en materias iguales que roza lo esperpéntico, cuando por ejemplo se ve que en una CCAA el sistema público de salud no contempla sacarte una muela pero sí un cambio de sexo.
Este Estado de Derecho que el Gobierno se afana en proclamar como vencedor contra quienes pretenden destruirlo, no es sino un Estado en el que la corrupción es endémica, donde la ley se aplica con criterios de subjetividad o conveniencia política, véase la evolución de los casos que afectan a los tribunales andaluces y catalanes donde los mangantes de los ERE y el clan Pujol al final se irán de rositas. Un Estado de ladrones de guante blanco donde la justicia apenas llega a uno entre mil. Un Estado donde se persigue a la gente por no hablar un idioma; donde un catalán puede optar a un puesto público en toda España y uno de Almería no puede hacer lo mismo en Cataluña. Un Estado devorado por la voracidad insaciable de las CCAA cargadas de miles de chupópteros políticos y funcionariales. Un Estado que en su debilidad y la de sus Gobiernos ha permitido que la solidaridad interregional casi desaparezca, donde a la sombra de favores políticos se ha ido tejiendo un entramado independentista que ahora pone en grave peligro la continuidad del mismo. Un Estado en el que no es posible acometer proyectos de interés nacional, embalses, ferrocarriles, centrales nucleares, trasvases de agua entre cuencas etc. sin tener que sufrir la oposición sistemática de los taifas regionales. Un Estado en el que para cazar o pescar hacen falta diecisiete licencias diferentes; donde para construir, crear una empresa o heredar de tus padres hay diecisiete legislaciones distintas y otros tantos impuestos diferentes. Un Estado donde sus representantes en el exterior se tiran los trastos a la cabeza en lugar de hacer causa común frente a los competidores. Un Estado en el que se atenta contra los valores culturales y religiosos con total impunidad e incluso promovidos y financiados con dinero público. Un Estado donde una parte de sus ciudadanos aún siguen pensando en la revancha por aquella guerra perdida que ya tenía que estar olvidada. Un Estado en definitiva fracasado, viejo, ruinoso e injusto, en el que solo se ha aprobado por la mínima el aspecto económico y ha suspendido en todas las materias de carácter político.
De los movimientos regeneracionistas o renovadores que ahora están de moda poco es lo que puede esperarse porque poca es la garantía que ofrecen. De los podemitas que hablaba al principio solo cabe esperar que sigan en el intento de destruir el Estado, el “régimen del 78” como gustan llamar. De los beneficiarios del bipartidismo bastante tienen los unos en curar las heridas producidas por los salteadores de caminos que militaban en sus filas y los otros, el mismo bálsamo al que añadir además la necesidad de aclararse sobre lo que entienden por España y cómo gobernarla sin seguir generando odio. Para los inmaculados recién llegados, no han tocado poder y ya hacen trampas para financiarse y vista la procedencia de los que nutren sus filas, a poco que toquen algo ya veremos. En cuanto a la judicatura, mientras el Gobierno intervenga en ciertos nombramientos, los jueces y fiscales se agrupen en asociaciones de tinte político y no se les prohíba el desfile mediático al que algunos son tan aficionados, poco cabe esperar de la misma salvo desconfianza.
Rajoy podrá proclamar a los cuatro vientos la fuerza y las virtudes del Estado de Derecho, que las tiene, pero cuando habla de los éxitos conseguidos por el nuevo Estado que les pregunte a familias castellano parlantes residentes en Gerona o Lérida o a las familias de los servidores del Estado destinados en Alsasua, allí encontrará la respuesta. El Estado dice Rajoy ha derrotado al independentismo, el mismo que el Estado contribuyó a fomentar.
