Han pasado 39 años desde que la Transición culminaba un 6 de diciembre en un referéndum con la ratificación de un texto constitucional por y para los españoles, con el que recibíamos la democracia por la puerta grande.

El texto fue elaborado por siete diputados de diversas fuerzas políticas, por cierto dos de ellas catalanas y votado en el parlamento a favor por una amplia mayoría, en concreto 325 de 345 asistentes, habiéndose abstenido otros 14. Luego la refrendaron los españoles con una amplia mayoría, casi el 90% de los que votaron. Planteaba como sistema la monarquía parlamentaria bicameral, un estado social y democrático de derecho (social, pues se recogen las ideas de igualdad y libertad; democrático, ya que el poder emana de la soberanía nacional de todo el pueblo español), la división de poderes y la organización territorial que era de facto pro-federal animando al neo-regionalismo, determinando la agrupación, en muchos casos posterior, en 17 comunidades desde las provincias, más dos ciudades autónomas.

Para su composición se tuvieron en cuenta muchos de los hechos históricos y tradicionales del constitucionalismo español, así como del europeo. Sin ánimo de exhaustividad, se tuvieron en cuenta especialmente tanto la situación constitucional del 31 como la ley Fundamental de Bonn (Alemania) para muchas de las cuestiones regionales, como el ahora famoso art. 155. Entre las cuestiones históricas, destacable es su rigidez, puesto que arma un sistema de revisión/cambio con fuertes mayorías, quizá temiendo con buen criterio nuestra volubilidad política tradicional, soportada en un interés que dista de lo público en muchas ocasiones. En su defensa diremos que desde el poder judicial se contempla una dilatada interpretación de este marco desde el Tribunal Constitucional.

El efecto tras estos años ha sido un progreso sin antecedentes y un avance territorial hacia un país claramente descentralizado. Sin embargo, las voces de reforma son ahora más altas, aunque las quejas apuntan no tanto al cambio constitucional como al de sistema político. Es decir, que al menos observo tres formatos en su solicitada renovación:

  1. La continuista, que persigue huir de los cambios manteniendo al Tribunal Constitucional como desarrollador del marco establecido en el 1978, realizando algún cambio menor si el orden político lo exige, como el de la sucesión en la corona, por ejemplo.
  2. La reformista, que trata de cambiar los fallos del sistema vislumbrados en el tiempo manteniendo en esencia el mismo orden, en este caso, se dirigen a adaptar el papel del Senado, revisar la representatividad del Congreso, una ordenación territorial igualitaria en cuanto al fin de privilegios de determinadas comunidades, la revisión de la entidad local y su administración, del funcionamiento del gobierno… para lo que buscan la vía de la reforma por el procedimiento ordinario (art. 167).
  3. La rupturista, que persigue un cambio de sistema soportado en el texto en lo referente a su esencia, delimitada en parte por la propia constitución en el art. 168. En este caso, es la soberanía nacional, permitiendo la autodeterminación de una parte del Estado, la monarquía, el ordenamiento territorial asimétrico, o los derechos y libertades de los ciudadanos, lo que está en juego.

Si me preguntan sobre ello diré que cambiar rompiendo no significa progreso, por lo que no creo que sea buena para nuestra sociedad actual la tercera vía política, y que el conocimiento de la Carta Magna es necesario para todos, quizá sería bueno regalar de nuevo un ejemplar para todos los españoles como se hizo en aquella Navidad.

 

Una cosa más, promete mucho la nueva serie histórica que se estrenará el día seis en la uno sobre Torcuato, yo la veré “De la Ley a la Ley”.

 

Blog: El secreto del hormiguero.

De cumpleaños constitucional: ¿a los 39 no sirve?

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