El cine español se encuentra bajo sospecha y bajo la lupa del crisol judicial, que todo lo ve, debido al sobredimensionamiento de las taquillas para percibir las siempre deseadas subvenciones públicas por parte del Ministerio de Cultura. Según se apunta, dicha práctica alcanza ya, al menos, a cuarenta y dos películas producidas entre 2012 y 2015 y el fraude es tremendo, con t de Torrente. Las pesquisas se ciernen sobre productoras, distribuidoras y salas de cine, con lo que hasta la célebre claqueta resulta ya sospechosa en el mundo del celuloide.
Sólo durante 2012, del total de producciones inspeccionadas se pudo constatar que el 50 % eran dudosas cuanto menos en relación a la veracidad de los datos facilitados, lo cual nos da una idea de la magnitud del fraude cinematográfico. El Ministerio de Cultura debe mantenerse, como Fernando Trueba, ojo avizor.
Y es que al igual que en las películas, parece que todo es falso, y las solicitudes de ayudas adolecen de más trampas que una película de Fu Manchú, alcanzando la investigación incluso al ex Presidente de la Academia del Cine. Hay que joderse. Quizá por ello el gran Federico Fellini apuntase en su día que “el negocio del cine es macabro, grotesco; una mezcla de partido de fútbol y burdel”.
El Ministerio del ramo otorga sus ayudas atendiendo a distintos parámetros, incluyéndose en el baremo el número de espectadores, cifra que es la que se falsea al alza, mediante el concierto de las partes interesadas, con tal de alcanzar la prebenda pública. Es fácil intuir el fraude en películas como, por ejemplo, “Los muertos no se tocan, nene”, de la que podemos vaticinar, con mínimo margen de error, su escaso o nulo interés para el público.
Visto lo visto, no podemos fiarnos de las mediciones y ratios, como aquel que señala a la película “Cateto a babor” como la más vista en la historia de la televisión, con un share de más de diez millones de catetoadictos.
Al igual que ocurre a finales de año con el sector de la automoción y sus concesionarios, en ocasiones el engaño consiste en que la productora ordena a la distribuidora que adquiera entradas sin espectadores para cubrir el cupo. La inspección ha alertado igualmente de pases imposibles y solapamiento de horarios, por lo que habrá que entrar a fondo para dar cera y pulir cera.
Siempre he defendido la concesión de subvenciones, tan denostada por sus efectos en ocasiones perversos, si bien en este país nuestro en que anida tanto pícaro Lazarillo, resulta del todo necesario garantizar paralelamente la existencia de un cuerpo de inspectores por área subvencionable que vele por el cumplimiento estricto de los requisitos exigidos y se impregne a los expedientes de reintegro de una mayor ferocidad.
Esperemos que todo esto no acabe en un simple barrido con fundido en negro, y podamos observar, sin cortes, todo el plano secuencia. Para investigar el Taquillazogate, no se me ocurre mejor candidato en nombre del Ministerio Público –léase Fiscalía- que Eduardo Torres-Dulce, también conocido como “el Fiscal que sabía demasiado”, dada su gran pasión por el séptimo arte, contando quizá con el asesoramiento para tales menesteres por el sempiterno José Luis Garci, quien a buen seguro, con sus ojos amusgados, sabrá hacia dónde hay que dirigir el travelling, puesto que no en vano es uno de los investigados.
Ante las reiteradas sospechas sobre las cifras de asistencia y, por ende, de recaudaciones, el Instituto del Cine y de las Artes Escénicas envió por sorpresa en 2012 a sus inspectores a determinadas salas, quienes entre palomita y palomita constataron, por ejemplo, que determinados cines comunicaron que a una determinada película asistieron más de cien personas, cuando la realidad es que acudieron solamente una o dos, o ninguna, es decir, ni tan siquiera el tan denostado acomodador.
A este paso, la Celda 211 va a albergar a muchos más presos entre sus barrotes y alguien debería reparar en que la trama del taquillazo sirve de buen guión para una nueva película.
Acción !
