Cuando el pasado miércoles, día 25 de Enero se hace público el Indice de percepción de la corrupción 2016 por parte de Transparencia Internacional observamos, que España ha caído a su peor clasificación de la historia en el referido índice de percepción, colocándose en el puesto 41 de 176 países, con una nota de 58 puntos – igual que en 2015 -.Pero nos superan casi todos los países de la Europa occidental. Y muchos otros que, hasta hace poco estaban peor que nosotros como: Estonia, Lituania, Eslovenia, Polonia o Uruguay. Encabezan el índice: Dinamarca y Nueva Zelanda con 90 puntos. Emiratos Arabes Unidos, Bután, Bahamas, Botswana, Catar, Cabo Verde y Hong-Kong reciben, también, mejores calificaciones que España. Los autores del informe nos comunican que: “Estamos entrando en un pelotón de países que se han acercado peligrosamente a la corrupción sistémica muy recientemente, como Georgia o la República Checa” Nos advierten: “Es el momento de reaccionar”. Ayer 31 de enero en la Audiencia de Madrid arrancaba la vista por el “caso Guateque”, una presunta trama de corrupción municipal en el Ayuntamiento de Madrid. Hagamos caso de la advertencia.
En los últimos años, la credibilidad de las instituciones en el territorio europeo se ha dañado gravemente, como consecuencia de los continuos escándalos y denuncias de corrupción. Lo que ha provocado un sentimiento general de desilusión pública y tensiones sociales y políticas. La crisis económica y financiera ha contribuido a hacer visible: los efectos de la mala gestión, los conflictos de intereses y la corrupción tanto en el sector público como en el privado. Desde hace 17 años, el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO), supervisa las medidas contra la corrupción en cada uno de los países europeos y siguiendo de cerca las preocupaciones de los ciudadanos. Los Estados miembros reconocen y agradecen las evaluaciones, que son, con bastante, frecuencia muy críticas con su actuación, exigiéndoles que reaccionen poniendo en marcha las reformas necesarias. Se puede decir que ha habido avances, pero también es cierto que: gobiernos, parlamentos y autoridades judiciales deben hacer mucho más.
Para ser eficaces contra la corrupción se exige tres elementos esenciales, a saber: voluntad política sostenida; política anticorrupción estratégica, integral y coordinada; el más alto nivel de transparencia posible en la vida política, administrativa y económica. El enemigo natural de la corrupción y del abuso de poder es la transparencia. Es primordial el más alto nivel de transparencia en la dirección de los asuntos públicos – y en el sector privado – para prevenir la corrupción. Sin olvidar el derecho a expresar opiniones divergentes y la existencia de unos medios de comunicación INDEPENDIENTES. Sin transparencia es imposible conseguir que la lucha contra la corrupción sea eficaz. Conviene precisar la necesidad de una legislación sobre el acceso a la información, lo más sencilla posible, no incluyendo procedimiento largos y complejos, ni condiciones que pudieran limitar u obstaculizar la accesibilidad a la información. El acceso libre a la información debería ser la norma y, la retención de información, la excepción.
Se ha de prestar atención y protección a los denunciantes, los que informan de sospecha de corrupción o de otros abusos en la administración pública y en el sector privado. Su actuación genera transparencia, siendo la denuncia, una herramienta muy importante, para propiciar que se rindan cuentas, fomenta una cultura de la integridad y fortalece la lucha contra la mala gestión en general y la corrupción en particular. Los denunciantes suelen estar expuestos al despido, por los tanto se necesitan normas adecuadas para que tengan protección contra cualquier tipo de represalia.
Frente a las inmunidades de que gozan ciertos titulares de cargos públicos y representantes electos en algunos países, el papel de la transparencia es decisivo. Las inmunidades – en relación con la investigación, el encausamiento o el enjuiciamiento – manifiestamente obstaculiza la lucha contra la corrupción. GRECO ha recomendado a distintos Estados que reduzca sensiblemente el número de beneficiarios de dicha inmunidad. Recomendación que se extiende, a los procedimientos de suspensión de la inmunidad de los parlamentarios, que sean más claros, transparentes y menos politizados.
En el caso específico de España se encuentra en el pulso final para lograr que los políticos sean transparentes en sus decisiones y gastos se pelea en el recién iniciado 2017, cuando se cumplen tres años de la aprobación de la Ley que regula el acceso a los datos, las resoluciones y las inversiones públicas, España afronta un momento crítico para vencer las resistencias de las instituciones y los partidos. Las Comunidades Autónomas denuncian ante el Gobierno los pocos recursos que tienen para aplicar la norma, la respuesta del Ejecutivo ha sido el compromiso para aprobar un reglamento en 2017, estudiando una propuesta de Ciudadanos para que sea más fácil saber quiénes acceden a puestos de confianza o cual es la ejecución de los presupuestos. Ester Arizmendi, presidenta del Consejo de Transparencia, organismo regulador de la Ley, pide acelerar con paso firme: “Hay que poner la transparencia 2.0 en marcha”.
Por su parte la abogada del Estado Elisa de la Nuez, opina: “Diría que no hay mucha voluntad política, lo que no puede sorprender: la transparencia es un misil en la línea de flotación del sistema”. En cuanto a las dificultades para contestar a peticiones de información: “La debilidad del sistema de transparencia se demuestra se demuestra en la inexistencia de un régimen de sanciones digno de tal nombre y que en el Consejo se carezca de facultades reales de sanción e inspección para velar por el cumplimiento de la Ley”. Sigue la impulsora de la plataforma Hay derecho. Y remata: “Otro problema es la escasez de recursos del Consejo. Esto también es señal de la falta de voluntad política extensible a otros organismos a los que parece que se quiere rendir por hambre”. En lo referido a las Comunidades autónomas, Euskadi, con una valoración de 100 puntos, es la Comunidad más transparente, según el ranking que publicó transparencia Internacional a mitad de diciembre. Tras Euskadi, Baleares, Cataluña y Madrid con 98,1 puntos. Al otro lado de la clasificación Navarra con 81,1; Extremadura con 88,1 y Aragón con 88,88. La media se situa en 94 puntos, más alta que en informes anteriores.
La transparencia por sí sola no basta para prevenir de forma creíble la corrupción. La experiencia ha demostrado que la prevención debe ir acompañada de una aplicación rigurosa de la Ley; ambas son complementarias, no alternativas. Las medidas de prevención serán en vano si no están respaldadas por iniciativas para combatir la impunidad, también en el ámbito de alto nivel.
La lucha contra la corrupción tiene que convertirse en una cuestión de ética y de actitudes, no solo de reglas. En este punto el sistema educativo debe desempeñar un papel importante. Los efectos de la corrupción son devastadores y urge que nos impliquemos todos. Una mayor transparencia se traduce en una mayor rendición de cuentas y, por tanto, en una mayor confianza del conjunto de la sociedad en la gestión de los asuntos públicos y privados.
“En última instancia, la transparencia se convierte en un requisito indispensable para mejorar la democracia” Como expresa Marin Mrcela presidente del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa.
